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El Gobierno de Santa Fe intervino en barrio Banana, la misma zona donde la semana pasada asesinaron a un policía federal. Destacan la celeridad judicial que otorga la nueva normativa provincial.
El Gobierno de Santa Fe supervisó este viernes la inactivación de tres búnkeres de venta de drogas en el barrio Banana, ubicado en la zona oeste de Rosario. Con estos procedimientos, la provincia alcanzó un total de 129 puntos de venta desarticulados desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico.
Los operativos se concentraron en las inmediaciones de calle Gutemberg, entre avenida 27 de Febrero y Pasaje Gálvez. Se trata de un sector crítico de la ciudad, donde la semana pasada fue asesinado un agente de la Policía Federal Argentina mientras participaba de un operativo contra el narcotráfico.
Las intervenciones fueron coordinadas por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El objetivo central de la medida es desarticular los puestos de comercialización minorista y recuperar el control de los territorios afectados por las economías criminales.
Focos de violencia
La aplicación de la Ley de Microtráfico, sancionada a finales de 2023, delegó en la Justicia Provincial la competencia para investigar el narcomenudeo. Según las autoridades, este cambio normativo aceleró de forma notoria los tiempos de respuesta y optimizó el trabajo conjunto entre los fiscales y las fuerzas policiales.
El secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Omar Pereira, remarcó la importancia de sostener estas intervenciones en los puntos más calientes de la región:
«Con estas tres inactivaciones llegamos a 129 procedimientos en toda la provincia. Estos lugares no son solamente puntos de venta de droga; son también focos de violencia y de muerte. Seguimos trabajando con una herramienta que nos permite avanzar con mayor rapidez en las investigaciones y obtener resultados concretos».
Bandas operativas desde la cárcel
Los tres inmuebles derribados estaban directamente vinculados a las investigaciones abiertas tras el homicidio del efectivo federal, además de ramificaciones de otras causas que involucran a bandas narcocriminales asentadas en barrio Banana.
El fiscal Franco Carbone detalló los elementos probatorios recolectados durante los allanamientos simultáneos previos a la demolición:
«Se secuestró material estupefaciente fraccionado para la venta, elementos de corte, balanzas de precisión y armas de fuego, todos elementos de relevancia para el avance de las investigaciones».
A raíz de este hallazgo, la Fiscalía solicitó de inmediato el cese del estado antijurídico de las propiedades. Esta figura legal es la que habilita la destrucción o el bloqueo físico de los inmuebles para impedir de forma definitiva que vuelvan a ser utilizados por las redes delictivas.
Respecto a la autoría de los delitos en la zona, Carbone confirmó que ya existen personas imputadas y bajo prisión preventiva, aunque advirtió sobre la mutación del negocio ilegal:
«Son personas conocidas que continúan desarrollando actividades delictivas a través de terceros, ya que sus principales integrantes se encuentran detenidos. Desde la entrada en vigencia de la Ley de Microtráfico hemos impulsado numerosas investigaciones, con detenciones y secuestros que permiten avanzar sobre estas organizaciones».
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