Votos distorsionados: el dilema del «Malapportionment» que el nuevo Código Electoral no pudo extinguir

La reciente sanción del nuevo Código Electoral y de Partidos Políticos en Santa Fe pateó el tablero político regional. Con el impulso de la reforma constitucional de 2025, la provincia se anotó un poroto fundamental para la calidad democrática: eliminó la nefasta «mayoría automática» de la Cámara de Diputados. A partir de ahora, las 50 bancas se distribuirán bajo un sistema proporcional puro. Sin embargo, la fiesta de la representatividad se quedó a mitad de camino. La sombra del malapportionment (la disparidad en el valor real del voto según la zona de residencia) sigue proyectándose de manera escandalosa sobre el Senado provincial.

Bajo el inalterable criterio de «un senador por departamento», la Cámara Alta santafesina sostiene una distorsión matemática insostenible. No hace falta un laboratorio analítico para entenderlo: un ciudadano del departamento Rosario, con más de un millón de habitantes, tiene exactamente el mismo nivel de representación en el Senado que un residente de Garay o San Javier, donde las poblaciones apenas alcanzan una fracción mínima de esa cifra. El resultado es que la voluntad política de un puñado de personas en el interior productivo pesa infinitamente más que la marea de votantes concentrada en los conglomerados urbanos. El mapa le sigue ganando a las personas.

Como si las deudas estructurales del mapa legislativo no fueran suficientes, la sanción del nuevo Código Electoral introdujo una novedad en su artículo 44 que encendió todas las alarmas analíticas y desató un fuerte rechazo de la oposición. La norma habilita de forma excepcional que un mismo precandidato a gobernador pueda comandar en las PASO hasta tres fórmulas distintas, variando únicamente a su acompañante para la vicegobernación. Si bien la legislación aclara que los sufragios no se acumulan —evitando una reedición lisa y llana de la vieja e injusta Ley de Lemas—, su aplicación tiene un impacto indirecto pero real en el fenómeno del malapportionment político.

Al permitir que un mismo líder ejecutivo traccione tres listas diferentes en la interna, las grandes coaliciones se garantizan una enorme capacidad de contención de matices territoriales y de pequeños partidos del interior en una única gran boleta. Esto se conecta directamente con el nuevo diseño de la Boleta Única para las elecciones generales, donde la categoría de Gobernador estará pegada visualmente a la de Diputados provinciales en un solo cuerpo de papel.

¿Cuál es la trampa representativa? Que este diseño potencia al extremo el «efecto arrastre». Una figura ejecutiva fuerte, multiplicada por distintas vertientes, puede inflar de forma artificial la cantidad de votos de la lista proporcional de diputados, diluyendo la representatividad de las minorías o de los partidos independientes que no cuentan con semejante maquinaria de ingeniería electoral. Así, el artículo 44 no redistribuye escaños geográficos de manera directa, pero altera sustancialmente las condiciones de competencia real. Termina consolidando una distorsión en la que el peso de los aparatos de las alianzas mayoritarias vuelve a fagocitar la proporcionalidad matemática y pura del voto ciudadano.

Este vicio santafesino dista mucho de ser una anomalía aislada; es, en realidad, un calco a escala de la distorsión que sufre la República Argentina a nivel nacional. En el Congreso de la Nación, el malapportionment goza de excelente salud y carcome la representatividad de las provincias más pobladas como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y la propia Santa Fe.

Mientras la Constitución Nacional ordena ajustar el reparto de diputados según los censos demográficos, la Cámara Baja del país sigue atada a un decreto de la última dictadura militar. Este sistema fija un piso de cinco diputados por provincia sin importar su escasez habitacional. La distorsión es tan brutal que hoy un voto en Tierra del Fuego vale más de seis veces que uno emitido en la provincia de Buenos Aires. En el Senado de la Nación la lógica federal lo justifica, pero que la Cámara de Diputados —la que representa directamente al pueblo— copie el mismo defecto es, lisa y llanamente, una estafa representativa.

Preguntarse si este inconveniente es solucionable abre un abanico de respuestas técnicas y encrucijadas políticas. Sí, técnicamente es subsanable. En el plano nacional bastaría con actualizar los cocientes de población mediante una ley que respete los censos vigentes. En el plano de la provincia de Santa Fe, erradicar el malapportionment del Senado requeriría reconfigurar las regiones electorales o establecer bancas proporcionales adicionales para equilibrar la balanza territorial.

La verdadera trampa no es técnica, sino de incentivos políticos: ningún partido o legislador electo gracias a los privilegios de un sistema distorsionado votará con entusiasmo una reforma que le quite poder a su propio feudo.

El costo de no resolverlo lo paga el sistema democrático de manera directa. Cuando el diseño electoral altera de forma tan artificial la voluntad de las urnas, se lesiona la legitimidad de las leyes. Un parlamento donde las minorías geográficas pueden bloquear de forma sistemática los intereses de las grandes mayorías de trabajadores e industrias deja de ser un espejo del pueblo. Se convierte, en cambio, en una aduana burocrática orientada a la supervivencia de la casta territorial. La reforma electoral de Santa Fe fue un gran paso hacia la modernización, pero mientras el voto de un santafesino valga más o menos según el lado de la ruta donde viva, la promesa de la igualdad democrática seguirá en deuda.