El doble estándar del poder: multas millonarias y sombras de corrupción detrás del escándalo del senador Dolzani

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) actuó de oficio y suspendió preventivamente la licencia del senador Oscar Dolzani. La medida llegó luego de que el propio legislador publicara un video en el que manejaba de noche manipulando el celular, sosteniendo un mate y cantando desatendido del camino.

Ante el repudio generalizado, el representante del departamento San Javier ensayó un descargo público: “Errar es de humanos y rectificar es de sabios. Quiero reconocer mi error y pedir disculpas. He hecho algo muy malo que no se debe hacer”. Incluso especuló en medios radiales con una insólita «automulta» voluntaria para financiar campañas viales.

Sin embargo, la retórica del error aislado se desmorona frente a la contundencia de los datos oficiales del Sistema de Juzgamiento de Infracciones (SIJAI). Dolzani no cometió un desliz; arrastra un historial de 61 infracciones de tránsito (60 de ellas por exceso de velocidad) y una deuda que roza los 16 millones de pesos. Peor aún: el registro incluye la falta grave de circular sin seguro obligatorio. La disculpa, entonces, no surge de la introspección ética, sino de la incomodidad de haber sido descubierto en su propia impunidad digitalizada.

El escándalo de la camioneta es la superficie de un comportamiento sistémico. La indignación ciudadana en redes sociales no tardó en conectar el desprecio por las normas viales con sospechas estructurales de su gestión. Diversas denuncias políticas, entre ellas las motorizadas en la Legislatura por el diputado Fabián Palo Oliver, señalan que Dolzani es dueño de un corralón y empresa constructora que provee de materiales y servicios a contratistas del propio Estado provincial.

Este esquema corporativo expone un severo conflicto de intereses. Quien debe legislar, controlar los fondos públicos y representar a los santafesinos, se posiciona en simultáneo como un proveedor indirecto del Ejecutivo, desdibujando la frontera ética entre el negocio privado y el beneficio del cargo público.

El escándalo impactó de lleno en la mesa chica de la coalición gobernante Unidos para Cambiar Santa Fe. A pesar de los esfuerzos por unificar discursos en torno a la agenda institucional y las reformas en danza en la Legislatura, el comportamiento de Dolzani obligó a una inmediata contención de daños para evitar que salpique la imagen de la gestión ejecutiva provincial.

La decisión de la APSV de suspenderle la licencia —un organismo dependiente del propio Ministerio de Justicia y Seguridad provincial— funcionó como un claro mensaje político: no habrá «fueros de impunidad» para los propios, buscando cortar el costo político de raíz frente a la opinión pública. No obstante, por lo bajo, el malestar en el interbloque oficialista es indisimulable. Distintos armadores temen que el millonario prontuario de multas y el flanco abierto de sus negocios constructores debiliten la autoridad moral del espacio en un momento clave de discusión de reformas provinciales profundas.

El caso Dolzani reactiva una vieja herida en la sociedad civil: la certidumbre de que las leyes en Santa Fe se aplican con distinta vara según la jerarquía del infractor. Mientras un ciudadano promedio sufre la quita inmediata de su vehículo y la ejecución exprés de sus deudas, el senador acumuló decenas de actas de velocidad —algunas con más de dos años de antigüedad— que, curiosamente, mantienen habilitado el pago voluntario con idéntica fecha de vencimiento.

La sanción de la APSV es un paso administrativo correcto. No obstante, la permanencia de estas conductas refleja la desconexión de una parte de la dirigencia política con la realidad. Las disculpas públicas no limpian un prontuario vial millonario ni disipan las sombras comerciales que pesan sobre el despacho del senador de San Javier.