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La iniciativa que ingresará a la Legislatura propone un sistema que clasifica el riesgo en cuatro niveles y aplica restricciones proporcionales de forma inmediata. Busca quitarle a la víctima la carga de realizar trámites burocráticos y habilita el arresto ante desobediencias judiciales.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó este jueves el proyecto de ley de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género. La iniciativa fue diseñada en conjunto por los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano; Justicia y Seguridad; y Gobierno e Innovación Pública, con el objetivo de pasar de un modelo reactivo a un esquema de detección temprana y abordaje integral.
La presentación oficial estuvo a cargo del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini; y la subsecretaria Legal y Técnica de la cartera de Seguridad, Blanca Diakaki. El texto será remitido a la Legislatura provincial en los próximos días para dar inicio a su debate parlamentario.
Un sistema de cuatro niveles de riesgo y medidas automáticas
El corazón de la propuesta radica en un sistema escalonado de medidas cautelares sustentado en una evaluación del riesgo dividida en cuatro escalas: bajo, medio, alto y crítico. Para determinar el nivel de vulnerabilidad de la víctima se analizarán indicadores clave como amenazas de muerte, separaciones recientes, control coercitivo, uso de armas, antecedentes de estrangulamiento, violencia sexual o llamadas previas a los servicios de emergencia.
De acuerdo con el nivel detectado, el Estado aplicará respuestas proporcionales. En los casos tipificados como críticos, la ley facultará el desarme inmediato de personas que tengan portación autorizada y la colocación de tobilleras electrónicas de geolocalización dual al agresor, un dispositivo tecnológico implementado en la provincia desde fines de 2025.
Además, ante el incumplimiento de las restricciones de acercamiento, los magistrados estarán autorizados a dictar arrestos conminatorios. Las medidas de protección poseerán vigencia legal inmediata, tornándose operativas incluso antes de que el agresor sea formalmente notificado.
Desburocratizar el proceso y reducir la carga sobre la víctima
Uno de los ejes centrales del proyecto apunta a eliminar los trámites administrativos que actualmente recaen sobre quienes denuncian. El ministro Pablo Cococcioni cuestionó con dureza los mecanismos vigentes:
«Hoy una víctima debe trasladar por sus propios medios documentación a la comisaría del domicilio o del trabajo del agresor, con el riesgo de cruzarse con esa persona. El Estado tiene que empezar a hacer su trabajo de manera integral y no cargar a la propia persona que sufre violencia con estas actividades adicionales. A partir de ahora es el agresor el que se tiene que cuidar».
Para operativizar este cambio, el diseño procesal establecerá el principio de actuación de oficio. Las denuncias se recibirán en cualquier dependencia policial u organismo público, y ante una urgencia, cualquier tribunal de la provincia poseerá competencia para intervenir sin dilaciones. Un equipo interdisciplinario especializado se encargará de confeccionar los informes de riesgo y acompañar las causas judiciales.
Escucha activa, registro único y fondo de asistencia urgente
La secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini, ponderó el cambio de paradigma que introduce la norma al prohibir explícitamente instancias que revictimizan a las afectadas y ponderar su propio testimonio sobre el peligro que corren:
«La iniciativa excluye de manera expresa la mediación y la conciliación en casos de violencia de género e incorpora la percepción de riesgo manifestada por la propia víctima. Si una mujer dice que está segura de que la va a matar, hay que escucharla, y eso está expresamente contemplado en esta ley».
Asimismo, con el fin de unificar la base de datos estatal y optimizar el seguimiento de los casos, se creará un registro digital único e interoperable coordinado por el Poder Ejecutivo. El proyecto contempla además la creación de un fondo provincial de asistencia urgente destinado a garantizar el sustento económico inmediato de las víctimas y promover su autonomía. El despliegue de la norma incluirá una articulación territorial directa con municipios y comunas de toda la provincia para tareas de prevención y detección temprana.
