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La Cámara de Diputados resolvió no renovar las preferencias parlamentarias y mandó al archivo la iniciativa que buscaba declarar a la provincia «territorio libre de discursos de odio». El debate por los límites a la libertad de expresión y la vaguedad del texto terminaron con el consenso exprés que había logrado en el Senado.
Un freno a tiempo para una ley imprecisa
La Cámara de Diputados de Santa Fe decidió frenar de manera definitiva y enviar al archivo el polémico proyecto de ley que buscaba declarar a la provincia «territorio libre de discursos de odio». El texto, impulsado originalmente por la Mesa del Diálogo Santafesino y respaldado de forma exprés y unánime por el Senado, chocó de frente contra un bloque de objeciones constitucionales en la Cámara Baja que terminó por sepultar su tratamiento.
La decisión de no renovar las preferencias parlamentarias confirma que, en la Legislatura provincial, la delgada línea entre regular la discriminación y abrir la puerta a la censura estatal sigue siendo un límite infranqueable. Las intenciones de promover la convivencia democrática eran loables, pero el mecanismo propuesto arrastraba una vaguedad jurídica que terminó por jugarle en contra.
El peligro del «artículo mordaza» y las multas millonarias
El principal factor que empujó el proyecto al archivo fue su esquema de control, tan punitivo como subjetivo. El texto pretendía incorporar el artículo 62 bis al Código de Convivencia provincial, con multas de hasta 60 unidades JUS para quienes incurrieran en estas conductas. A valores actuales, eso representaba sanciones económicas severas, sujetas además a la interpretación de un funcionario de turno.
El verdadero nudo del fracaso legislativo estuvo en las definiciones. El proyecto tipificaba como discurso de odio a cualquier expresión digital, simbólica o verbal que «naturalice» o «menosprecie» a un grupo por su condición socioeconómica, edad, religión o género.
«Conceptos como ‘naturalizar’ o ‘menosprecio’ dejan un margen de interpretación excesivamente amplio y existe un riesgo real de que la norma termine generando autocensura o severas limitaciones a la libertad de expresión», advirtió la diputada libertaria Silvia Malfesi, quien lideró las objeciones en la comisión de Asuntos Constitucionales.
Una grieta que cruzó a todo el arco político
El archivo del proyecto muestra que el escepticismo no fue patrimonio exclusivo de la derecha libertaria ni del bloque Somos Vida de Amalia Granata. A medida que el texto se analizaba en las comisiones de Diputados, las dudas empezaron a permear tanto en sectores del justicialismo como en el propio interbloque oficialista de Unidos.
Incluso legisladores que en un principio miraban con simpatía la idea de «prevenir antes que castigar» terminaron admitiendo que el texto tenía fallas de fondo. En los pasillos de la Legislatura se impuso el sentido común: la legislación penal argentina ya cuenta con herramientas para sancionar la discriminación, las calumnias y la incitación a la violencia. Crear un «tribunal de la palabra» bajo la órbita del Ministerio de Cultura provincial, con cursos obligatorios de reeducación para los infractores, sonaba más a un exceso doctrinario que a una solución democrática. Santa Fe optó por preservar la libertad de opinión y dejó en claro que el debate político —por más álgido que sea— no debe quedar bajo tutela del Estado.
