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El Gobierno Provincial sorteó a los 20 martilleros de Santa Fe y Rosario que intervendrán en el remate de autos, lanchas y propiedades. Desde la gestión destacaron que se abrirán las inscripciones con un estricto cruce de datos para impedir que los activos vuelvan a manos de estructuras criminales.
El Gobierno de Santa Fe dio un paso clave en su estrategia de persecución patrimonial al delito complejo. Este miércoles se llevó a cabo el sorteo de los profesionales que intervendrán en la sexta subasta pública de bienes decomisados a organizaciones criminales, un evento coordinado por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) que tendrá lugar durante la segunda quincena de octubre en la ciudad de Santa Fe.
El acto administrativo se desarrolló en el anexo del Colegio de Martilleros de la capital provincial y dejó seleccionados a 20 martilleros titulares —repartidos en partes iguales entre las circunscripciones de Santa Fe y Rosario— junto a 10 miembros suplentes. La actividad estuvo encabezada por el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, acompañado por la vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes; el subsecretario de la Aprad, Hernán Matich; el director Martín Domene; y Pedro Búsico, en representación de la entidad anfitriona.
Una política de Estado para asfixiar las estructuras delictivas
Durante la presentación, Figueroa Escauriza ponderó los resultados del área registral y ratificó la decisión política de avanzar sobre los recursos económicos de las bandas organizadas para neutralizar su capacidad operativa en el territorio.
«Esta será la sexta subasta desde el inicio de nuestra gestión. Vamos a poner a la venta autos, motocicletas, camionetas, lanchas y propiedades, y seguimos demostrando que en Santa Fe se puede quitar bienes a los delincuentes y venderlos en subasta pública», puntualizó el funcionario.
En el mismo sentido, el secretario puntualizó que el abordaje de la seguridad pública requiere golpear el financiamiento de las redes delictivas de manera simultánea a las acciones operativas en calle y en los penales:
«No solo es importante controlar a las organizaciones criminales, detener a quienes las integran y ordenar las cárceles; también hay que quitarles el dinero para impedir que sus estructuras sigan operando en el territorio».
Filtros de seguridad y precios de oportunidad para los ciudadanos
Respecto a la logística del remate previsto para octubre, la provincia confirmó que en el corto plazo se habilitará el formulario de inscripción obligatoria para los interesados. Con el fin de evitar maniobras de testaferros o el recupero de los activos por parte de los antiguos dueños, el Estado aplicará filtros de control exhaustivos.
«Realizamos un cruce de datos para garantizar que quienes se inscriban no tengan vínculos con las organizaciones criminales a las que se les quitaron los bienes», advirtió Figueroa Escauriza.
Asimismo, las experiencias previas de la Aprad demuestran una efectividad del 100 % en la venta de los lotes ofrecidos, los cuales salen a remate con bases sumamente competitivas que oscilan entre el 30 % y el 40 % de su valor real de mercado. «Es una oportunidad para los ciudadanos, una política de Estado para el Gobierno y un acto ejemplificador que demuestra que esto se puede hacer en Argentina», concluyó.
Destino social y transparencia
Por su parte, Pedro Búsico agradeció el espacio otorgado por la gobernación a los colegios profesionales en esta nueva edición y ratificó el compromiso de los martilleros para garantizar la transparencia del proceso.
Cabe recordar que la Aprad es la entidad encargada por ley de recibir, custodiar y administrar los vehículos, inmuebles, joyas, dispositivos informáticos y dinero secuestrados en el marco de causas penales o contravencionales. A través de estos remates abiertos y transparentes, la provincia busca reconvertir los instrumentos del delito en recursos con un claro destino de utilidad social y comunitaria.
