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El operativo se realizó en Reconquista en el marco de la Ley de Microtráfico. Con esta demolición, ya son 134 los inmuebles criminales inactivados en todo el territorio provincial.
En un operativo conjunto entre el Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), este martes se llevó a cabo la demolición de un inmueble utilizado para la comercialización de estupefacientes en la ciudad de Reconquista. La intervención, localizada en la intersección de Olessio y calle 47, marcó un hito al convertirse en el primer derribo ejecutado en el norte de la provincia desde la implementación de la Ley de Microtráfico. Con este procedimiento, el total de búnkers destruidos en todo el territorio santafesino asciende a 134.
La medida forma parte de una política de seguridad orientada a desarticular los puntos de venta de drogas al menudeo, recuperar los espacios públicos para los vecinos y reforzar la presencia estatal en los barrios periféricos. Las autoridades destacaron que la vivienda no solo funcionaba como punto de venta de drogas, sino también como un centro receptor de elementos robados en Reconquista, Avellaneda y localidades aledañas.
Una decisión política firme
El director provincial de la Policía de Investigaciones (PDI), Rolando Galfrascoli, calificó la jornada como trascendental para la región:
«Es un hecho histórico, que tiene una significación particular: demostrar que la provincia invencible de Santa Fe va con todo contra el delito de la venta de estupefacientes».
El funcionario enfatizó que este resultado responde de forma directa a la determinación del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, de profundizar el combate contra las estructuras del narcomenudeo a través de un trabajo coordinado entre el Poder Ejecutivo y las fuerzas policiales.
Impacto en la seguridad barrial y baja de homicidios
Por su parte, el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, explicó el rol delictivo que cumplía la edificación dentro de la trama criminal local y cómo afectaba la seguridad de los ciudadanos de la zona:
«Era un núcleo donde se articulaban distintos delitos predatorios. En algunos de los allanamientos realizados en este inmueble se secuestraron numerosos objetos robados a vecinos. Estas intervenciones permiten desplazar por completo a organizaciones que durante mucho tiempo se apropiaron de estos espacios».
Asimismo, Montenotte vinculó la aplicación de la Ley de Microtráfico con la marcada mejora en las estadísticas de criminalidad violenta en Santa Fe:
«Nos ha permitido reducir los delitos más violentos asociados a esta modalidad criminal. Hoy la provincia registra una disminución superior al 60 % en la tasa de homicidios respecto de 2023, además de una reducción significativa de los heridos por armas de fuego vinculados al narcomenudeo».
Dos años de investigación y condenas
El avance judicial que derivó en la demolición fue detallado por el fiscal de la causa, Sebastián Galleano, quien precisó que el búnker acumulaba un extenso historial de actividad ilegal bajo la lupa de la justicia:
«En los últimos dos años se realizaron cinco allanamientos vinculados con causas de microtráfico y robos. En esos procedimientos se secuestraron cocaína, marihuana, sustancias de corte y numerosos objetos sustraídos».
Galleano confirmó que la investigación penal ya dejó saldos concretos: actualmente tres personas permanecen sujetas al proceso judicial bajo estrictas reglas de conducta, mientras que una cuarta persona ya fue condenada mediante un juicio abreviado por delitos ligados al microtráfico.
Finalmente, la fiscal regional interina, Georgina Díaz, adhirió a la relevancia del procedimiento para la zona norte, concluyendo que representa un avance fundamental en la lucha contra el narcotráfico y en la devolución de la paz social a los barrios afectados.
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