Impulsan reforma a la Ley de Coparticipación provincial para garantizar el goteo diario de fondos a municipios

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El diputado Fabián Palo Oliver presentó un proyecto de ley que unifica el régimen tributario y fija que el 22% de la recaudación sea transferido de forma automática y diaria. La iniciativa busca dotar de previsibilidad a los gobiernos locales frente a las nuevas demandas de servicios sin aumentar los impuestos.

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El diputado provincial Fabián Palo Oliver, integrante del bloque Frente Amplio por la Soberanía (FAS), ingresó un proyecto de ley que busca unificar, actualizar y transformar de manera integral el régimen de coparticipación de tributos de la provincia de Santa Fe. La propuesta apunta a revertir la centralización de recursos en las arcas provinciales y asegurar un financiamiento automático para las intendencias.
“Lo que proponemos es trabajar sobre la distribución de los recursos que ya existen, pero de un modo mucho más justo y equitativo. Tenemos que terminar con un Estado provincial que concentra cada vez más dinero en sus arcas, en desmedro de los municipios de la provincia de Santa Fe”, argumentó el legislador al fundamentar la iniciativa.

El rol de los municipios y la necesidad de financiamiento

El proyecto expone un diagnóstico crítico sobre el reparto de competencias y recursos. De acuerdo con el autor de la norma, los gobiernos locales absorbieron en el último tiempo la prestación de múltiples servicios y demandas sociales que históricamente eran competencia exclusiva de la administración central.
«Hoy los gobiernos locales asumieron la prestación de servicios que tradicionalmente correspondieron al Estado provincial, sin que se haya producido una transferencia de fondos que les permita afrontar la nueva realidad», advirtió Palo Oliver. En ese sentido, aclaró que la reestructuración busca el fortalecimiento financiero «sin que esto implique un mayor esfuerzo económico de los contribuyentes”.

Claves del proyecto: Alícuota única y transferencia «por goteo»

El texto normativo unifica el entramado legal vigente y establece con precisión qué recursos de origen nacional y provincial integran la masa coparticipable. El punto central de la reforma radica en fijar en un 22% la porción total efectivamente recaudada que corresponderá a los municipios santafesinos.
Para evitar desequilibrios financieros durante la transición al nuevo sistema, la ley contempla una cláusula de protección: establece un piso inicial que no podrá ser inferior a lo que cada localidad recibió en el año 2025, monto que será actualizado por inflación.
La propuesta introduce una modernización operativa clave: la transferencia diaria de fondos mediante el sistema de «goteo» directo a través del agente financiero del Estado, libre de costos bancarios o intermediaciones que dilaten la llegada del dinero a las comunas.
Indicadores objetivos contra la discrecionalidad política
La denominada distribución secundaria —el reparto del dinero entre las diferentes localidades— dejará de estar sujeta a criterios arbitrarios. El proyecto propone variables públicas, técnicas y medibles basadas en datos oficiales:
  • Población total de cada distrito.
  • Densidad poblacional.
  • Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), con el fin de corregir asimetrías estructurales.
«La coparticipación debe ser previsibilidad y transparencia: recursos que llegan, sin intermediaciones ni costos, y con información pública para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan fiscalizar», subrayó el diputado del FAS.

Una Comisión Provincial de Tributos para el control institucional

Para velar por el cumplimiento de la ley y mantener actualizados los coeficientes de reparto, se prevé la creación de la Comisión Provincial de Tributos. Este órgano interjurisdiccional y técnico contará con autonomía funcional y estará integrado por un representante del Poder Ejecutivo provincial y por representantes de los municipios elegidos mediante un sorteo anual.
La Comisión tendrá la responsabilidad de supervisar la simultaneidad y regularidad de los envíos diarios, resolver eventuales controversias entre jurisdicciones y garantizar el acceso público y transparente a la información financiera.

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