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El proyecto del senador Ciro Seisas que prohíbe los cuidacoches no logra la sanción definitiva y entra en receso tras una fuerte contraofensiva de la Iglesia y organismos de derechos humanos. Una trama de internas oficialistas y reparos de la Casa Gris que paraliza una promesa de campaña.
La intención del oficialismo de exhibir una victoria rápida en materia de orden urbano antes del receso invernal chocó contra la realidad política y social de la provincia. El proyecto de ley impulsado por el senador rosarino Ciro Seisas (Unidos para Cambiar Santa Fe), que busca prohibir de manera definitiva la actividad de los cuidacoches o «trapitos», volvió a quedar empantanado en la Legislatura. La falta de acuerdo interno y la presión combinada de la Iglesia Católica y el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe obligaron a postergar su tratamiento, enviando la discusión directamente al mes de agosto. Detrás de este freno legislativo se esconde un debate profundo: el límite entre la demanda vecinal de seguridad y los riesgos de criminalizar la exclusión social.
El laberinto parlamentario: del punitivismo al enfoque social
El recorrido de la norma expone las disidencias que conviven dentro del propio frente gobernante. En marzo, el Senado le dio media sanción a un texto de tinte marcadamente punitivista, que incorporaba la prohibición total de la actividad al Código de Convivencia e imponía penas de hasta 20 días de arresto. Sin embargo, al pasar a la Cámara de Diputados, los legisladores de la misma coalición limaron los extremos más duros.
Diputados modificó el proyecto quitando la prohibición absoluta. En su lugar, condicionó las sanciones únicamente a los casos donde se demuestre intimidación, amenazas o exigencia de dinero, delegando un rol activo a los municipios y sumando programas de capacitación e inclusión laboral. El senador Seisas buscaba en las últimas horas rechazar estos cambios y restituir la dureza del texto original, bajo el argumento de que la reforma de la Cámara baja «obliga a demostrar la amenaza», lo que neutralizaría la eficacia de la policía para actuar de oficio.
La Iglesia y el Foro contra la Impunidad plantan bandera
Las idas y vueltas del proyecto se aceleraron tras la contundente intervención de actores civiles de peso. La Pastoral Social de la Iglesia Católica llevó sus críticas directamente a las comisiones legislativas. Referentes eclesiásticos locales advirtieron que una prohibición tajante, sin un andamiaje previo de empleo digno, solo profundizaría la marginalidad.
“No hay que prohibir a los trapitos, sino que se los debe ordenar”, llegó a declarar públicamente el arzobispo de Rosario, Eduardo Martín. Desde Cáritas se sumaron a la postura señalando que legislar la prohibición sin alternativas reales es simplemente «poner el problema bajo la alfombra».
En sintonía, el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe impugnó penalmente la iniciativa. El organismo tildó la propuesta de inconstitucional y alertó que promueve la estigmatización de las personas en situación de calle, enfocándose en «punir la pobreza» en lugar de desarticular a las mafias que en algunos casos regentean el espacio público.
Los reparos de la Casa Gris y un futuro incierto
Al fuego cruzado de las organizaciones sociales se le suma un actor inesperado en la traba del debate: el propio Poder Ejecutivo provincial. Fuentes legislativas admiten que la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro mira con recelo la implementación de la norma original. El Ministerio de Justicia y Seguridad no desea distraer recursos policiales ni judiciales en la persecución de contravenciones menores, priorizando el despliegue de efectivos en la lucha contra el narcotráfico y el delito complejo. La propuesta del Senado, además, obligaba a crear nuevas estructuras judiciales específicas, algo que la Casa Gris prefiere evitar en el actual contexto de ajuste fiscal.
Con la llegada del receso parlamentario invernal, la ley de cuidacoches entra formalmente en una tregua técnica. Al regreso de la actividad en agosto, los legisladores deberán decidir si aceptan el enfoque suavizado de inclusión social propuesto por Diputados o si ceden ante la insistencia del ala dura del Senado. Mientras tanto, el vacío regulatorio continúa en las calles, exponiendo la dificultad del Estado para resolver una problemática que combina seguridad, convivencia urbana y una crisis social que la política no logra contener.
