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Unión por la Patria expone en el Congreso la alarmante cifra de seis millones de morosos. Mientras el kirchnerismo busca declarar la emergencia crediticia para frenar el ahogo financiero de las fintech, el oficialismo desestima la crisis y la califica como un «asunto entre privados».
La paradoja de deber para comer
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria instaló en el Congreso un debate urgente que expone una de las heridas más profundas de la clase media argentina: la morosidad doméstica masiva. A través de un comunicado respaldado por legisladores de diversos sectores, la oposición reveló que más de seis millones de personas cayeron en mora tras financiarse no para adquirir bienes durables, sino para cubrir la canasta básica alimentaria y las boletas de servicios públicos.
La movida del peronismo funciona como un espejo incómodo para el relato oficial. Desnuda que la supuesta estabilización macroeconómica se sostiene, en buena medida, sobre las espaldas de millones de familias que recurren de forma desesperada al microcrédito no bancario y a las billeteras virtuales, con tasas que triplican la inflación, en lo que la oposición describe como una virtual «estafa» de supervivencia.
Emergencia crediticia y el fin del «dejen hacer» financiero
La propuesta de Unión por la Patria —encabezada por iniciativas como las de Itai Hagman, Natalia Zaracho y Guillermo Michel— no es meramente declarativa. Exige una «emergencia crediticia» por dos años, la creación de un fondo de reestructuración de deudas del ANSES y un tope estricto a los intereses de los Prestadores No Financieros de Crédito, a los que califica de leoninos.
Esta postura choca de frente con la filosofía de la Casa Rosada. La doctrina de Javier Milei y el ministro Luis Caputo se limita a sostener que las deudas son «una transacción entre privados» en la que el Estado no debe intervenir, una respuesta que la oposición cuestiona por rozar el cinismo frente a un problema que ya es sistémico. Plantear que un ciudadano común negocia en igualdad de condiciones frente al algoritmo de una corporación fintech que cobra intereses usurarios, señalan desde el bloque, denota una desconexión con la realidad de la calle.
La dilación oficialista frente a una bomba de tiempo social
Presionado por la sesión especial que la oposición fijó para mediados de este mes, el oficialismo debió habilitar de apuro el debate en la comisión de Finanzas. Sin embargo, la estrategia libertaria asoma clara: dilatar con rondas de expertos, correr los dictámenes para fin de mes y evitar que el proyecto llegue al recinto.
El peronismo pone el foco en lo que denomina el «impuesto criminal» de las finanzas desreguladas, y señala que el 33% de los ingresos de los hogares ya se destina exclusivamente a pagar saldos atrasados. Para el bloque, no se trata de un intervencionismo caprichoso, sino de evitar que la morosidad masiva termine de asfixiar el consumo interno y arrastre a millones de argentinos de buena fe a la quiebra civil, mientras el Palacio de Hacienda mira hacia otro lado.
