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El Gobierno de Santa Fe, el MPA y los intendentes del ECAM unificaron criterios para mejorar el flujo de información territorial. Con un formulario estandarizado, buscan agilizar las investigaciones en los puntos de venta de droga. En la región ya se registraron 119 allanamientos y 172 detenidos en lo que va del año.
Una herramienta clave para los gobiernos locales
El Gobierno de Santa Fe encabezó una reunión de trabajo en el Ministerio de Justicia y Seguridad junto a representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y mandatarios del Ente de Coordinación del Área Metropolitana (ECAM). El objetivo central fue implementar un nuevo protocolo de articulación territorial en el marco de la Ley Provincial Nº 14.239 de Microtráfico. Esta medida dota a los municipios de un formulario estandarizado para registrar denuncias de los vecinos y aportar datos catastrales clave que agilicen las investigaciones penales.
“Sabemos que los intendentes y presidentes comunales son quienes primero reciben los reclamos de los vecinos. Ese aporte es clave para que la Unidad Fiscal Especializada del MPA, que funciona desde diciembre de 2025, y la PDI puedan iniciar las investigaciones y actuar en el territorio”, señaló la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes. La funcionaria calificó la jornada como “muy productiva” y ratificó la línea de gestión liderada por el gobernador Maximiliano Pullaro: “Como decimos siempre, el miedo cambió de lado. Cuando el Estado ocupa su lugar y ejerce la autoridad, la delincuencia retrocede”.
Balance de operativos y alcance regional
El impacto de la aplicación de la norma arroja números contundentes en el territorio santafesino. En lo que va del año, las localidades que integran el ECAM sumaron 119 allanamientos vinculados al microtráfico, con 172 personas detenidas y 56 armas de fuego secuestradas. Coudannes remarcó que las intervenciones se extienden a localidades como Reconquista, Esperanza y Frontera para evitar el desplazamiento de las bandas criminales, y anticipó que este viernes se ejecutará el derribo del búnker número 135 en la ciudad de Rosario.
Por su parte, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, respaldó la iniciativa institucional y valoró el peso específico que ganan las administraciones locales en el combate al delito. “La seguridad es una preocupación compartida por la Provincia, los gobiernos locales y el MPA”, afirmó el mandatario capitalino, destacando que el nuevo formulario permitirá optimizar los tiempos judiciales y consolidar la presencia estatal en los barrios más afectados por la violencia.
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