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El Gobierno provincial inició gestiones urgentes ante la Casa Rosada tras detectar subas de hasta el 500% en las boletas de industrias y comercios. Atribuyen el incremento a una resolución nacional y piden un diferimiento de pago para evitar el cierre de empresas.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe encendió las alarmas ante el complejo escenario que atraviesa su entramado productivo y formalizó un reclamo ante el Ejecutivo nacional. El objetivo central de las gestiones es revisar y morigerar los fuertes aumentos en los costos de la energía eléctrica que están asfixiando a las industrias y los grandes comercios de la región, con incrementos que en muchos casos alcanzan el 500%.
Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo santafesino señalaron que la situación es crítica y que el impacto golpea de lleno a la competitividad en un contexto de marcada recesión económica y caída del consumo.
El origen del aumento: una normativa nacional
Según explicaron técnicos de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), este salto exponencial en las tarifas no obedece a decisiones o regulaciones de la administración provincial. La suba responde estrictamente a la aplicación de la Resolución Nº 976/23 de la Secretaría de Energía de la Nación, una normativa dictada durante el tramo final de la gestión del expresidente Alberto Fernández y que actualmente ejecuta la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa).
Esta resolución incorporó al cuadro tarifario conceptos indexados que encarecen el servicio de manera directa: el “Cargo Estabilizado Grandes Usuarios de Distribución (GUDIs)” y el “Ajuste Complementario de Potencia GUDIs”. Al ser costos mayoristas, las distribuidoras provinciales (como la EPE en Santa Fe, EPEC en Córdoba o Enersa en Entre Ríos) están obligadas a trasladarlos linealmente a las facturas de los usuarios finales de categorías productivas.
Un universo de 340 empresas «en jaque»
El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, graficó el alcance de la problemática y confirmó que mantendrá un encuentro clave con autoridades nacionales en los próximos días.
“La preocupación está dada por el fuerte incremento de los costos operativos en un escenario de baja actividad económica. Estamos hablando de cuatro facturas consecutivas con aumentos crecientes que ponen en jaque a las industrias”, afirmó el funcionario provincial.
Puccini detalló que el universo afectado de forma directa en suelo santafesino abarca a unas 340 industrias y cooperativas de gran tamaño.
Para dimensionar la velocidad del golpe financiero, los registros oficiales muestran que los conceptos ligados a la resolución nacional treparon un 491,9% en apenas 30 días, comparando las boletas de abril y mayo. En los casos de mayor demanda, los recargos netos de un mes a otro superaron la barrera de los 200 millones de pesos.
La propuesta de Santa Fe: diferir los pagos
La escalada de la facturación global que Cammesa le cobra a la provincia expone la gravedad de la curva: pasó de 414 millones de pesos en marzo a 7.110 millones en mayo, y las proyecciones oficiales para la boleta del mes de agosto anticipan una cifra superior a los 14.300 millones de pesos.
Frente a esta falta de previsibilidad, el ministro Puccini presentará una propuesta concreta ante la Secretaría de Energía de la Nación: que se instruya a Cammesa a habilitar un mecanismo de diferimiento temporal para los saldos de los meses más críticos (junio, julio y agosto). La intención es trasladar de forma prorrateada esos montos hacia la primavera y el verano, estaciones donde los cargos de la Resolución 976/23 caen considerablemente por cuestiones estacionales, aliviando la caja diaria de las firmas santafesinas.
Reclamo por Zonas Frías y asimetrías con Buenos Aires
El cónclave con Nación también servirá para que Santa Fe reitere su postura respecto a la modificación del régimen de Zonas Frías, una discusión que afecta tanto a hogares residenciales como a las pymes y grandes fábricas.
En este apartado, Puccini aprovechó para marcar una fuerte postura política y federal en contra de los beneficios discrecionales que históricamente recibe el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cuestionando un punto del proyecto nacional que prevé condonar deudas millonarias a las firmas Edenor y Edesur.
“Consideramos que esa medida perjudica a los santafesinos, porque nuestra provincia mantiene las cuentas al día con Cammesa y, sin embargo, no recibe ningún beneficio. No es el camino condonar a quienes no cumplen y aumentarles los costos a quienes están al día”, sentenció de forma tajante el ministro.
