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El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, defendió en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto que otorga mayores herramientas locales para intervenir en el narcomenudeo y evitar trabas jurisdiccionales.
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, expuso este miércoles ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación. Su intervención tuvo como eje central el proyecto de ley impulsado por la diputada nacional Gisela Scaglia, el cual busca ampliar de forma sustancial las competencias de las provincias en materia de estupefacientes, permitiéndoles intervenir de manera directa en casos de narcomenudeo y microtráfico.
La reunión legislativa contó con la presencia de los miembros de la comisión, entre ellos el diputado nacional santafesino Pablo Farías. La iniciativa legislativa se presenta como una herramienta facultativa, diseñada para que aquellas provincias que decidan adherir puedan actuar de inmediato sobre delitos que habitualmente quedan retenidos bajo la órbita de la Justicia Federal.
El impacto local en la pacificación de los territorios
Durante su alocución, Cococcioni expuso el modelo santafesino como un ejemplo de cómo la persecución local del comercio minorista de drogas influye positivamente en los índices de seguridad. El ministro vinculó esta facultad con el plan de seguridad general coordinado por el gobernador Maximiliano Pullaro.
«La Provincia de Santa Fe ha tomado la política de microtráfico como una herramienta en la lucha contra el delito y la violencia. La venta barrial de estupefacientes está ligada en muchos casos a los homicidios, a la circulación de armas de fuego y al desempeño de bandas criminales que se disputan territorio», argumentó el funcionario.
Asimismo, Cococcioni advirtió sobre el peligro de fragmentar las investigaciones debido a tecnicismos legales: «Cuando por alguna cuestión técnica una causa pasa a la Justicia Federal, se pierde la integralidad de esa investigación y perdemos la oportunidad de tener una herramienta para pacificar». En este sentido, relacionó directamente la aplicación de estas políticas con los resultados obtenidos en el sur provincial: «Para nosotros, haber podido reducir dos tercios de la violencia y los homicidios en la ciudad de Rosario tiene que ver directamente con la posibilidad de perseguir el microtráfico a nivel local».
Una herramienta clave para evitar zonas de indefinición
Por su parte, la diputada nacional Gisela Scaglia ponderó los alcances de la normativa en debate y aclaró que su implementación no será obligatoria, sino un recurso disponible para fortalecer las autonomías provinciales. El objetivo principal es terminar con los grises legales que entorpecen los operativos territoriales.
«El proyecto tiene como objetivo aumentar las competencias de una provincia en materia de estupefacientes, sobre todo en la ley de microtráfico. Necesitamos esta ley para poder hacernos cargo. Es una herramienta a la que las provincias después tendrán que adherir, no es obligatoria para nadie», aclaró Scaglia.
La legisladora concluyó destacando el fuerte interés de la administración santafesina en contar con este marco legal para profundizar sus planes operativos actuales: «Permite trabajar mucho más en los temas que a veces no se pueden trabajar porque terminan siendo competencia federal. Es una herramienta muy importante, por eso estamos dando esta pelea en la Cámara de Diputados y esperamos que sea ley».
