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La vocera provincial, Virginia Coudannes, criticó con dureza a la magistrada de Menores María Dolores Aguirre Guarrochena. La jueza declaró nulo un allanamiento en Rosario donde se detuvo a un sospechoso de una balacera utilizando tecnología de inteligencia artificial.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe sumó un nuevo capítulo de tensión con el Poder Judicial. La gestión liderada por Maximiliano Pullaro cuestionó fuertemente la resolución de la jueza de Menores, María Dolores Aguirre Guarrochena, quien declaró inválido un allanamiento clave de la Policía de Investigaciones (PDI) en Rosario. El operativo se había realizado tras un ataque a tiros en la zona sur de la ciudad.
Una balacera y el rastro de la inteligencia artificial
El hecho que originó el conflicto ocurrió durante la madrugada del pasado 19 de junio. Dos personas en bicicleta salieron de una vivienda en calle España al 7000, se dirigieron hasta Entre Ríos al 6200 y efectuaron múltiples disparos contra una propiedad. Tras el ataque, los tiratiros regresaron al punto de partida.
Pocas horas después, la PDI logró reconstruir de forma exacta la ruta de escape de los sospechosos. Para esto, se utilizaron las cámaras de videovigilancia de la ciudad unidas al sistema de inteligencia artificial «Lince». Bajo la figura legal de flagrancia virtual, las fuerzas de seguridad irrumpieron en el domicilio de calle España, donde detuvieron a un adolescente de 17 años que quedó a disposición de la Justicia de Menores. Sin embargo, la jueza Aguirre Guarrochena anuló el procedimiento.
Defensa de la tecnología y críticas al «garantismo»
La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, salió al cruce de la decisión judicial y defendió el uso de las nuevas herramientas de investigación. Recordó que la premisa del gobernador Pullaro es que «el que las hace, las paga», y remarcó la velocidad con la que actuó la policía local.
«El trabajo de investigación llevó apenas 12 horas. Pudimos identificar a los implicados y detenerlos después de una balacera que pudo haber terminado con una persona asesinada», detalló la funcionaria.
Coudannes sembró dudas sobre el criterio de la magistrada al anular las actuaciones del Ministerio de Seguridad. «No sabemos si la jueza desconoce esta herramienta o decidió omitirla en su sentencia. Ese mismo sujeto mañana podría matar a alguien», advirtió con preocupación.
La vocera contrastó el esfuerzo presupuestario del Ejecutivo con la respuesta de los tribunales. Sostuvo que hay una gestión provincial que «invierte millones en tecnología, patrulleros y en fortalecer la capacidad operativa», mientras que la magistrada actuó bajo «una mirada garantista» que frena el combate al delito.
«Una mirada garantista no puede estar por encima de las herramientas legales para combatir el delito. Si los delincuentes son tan buenos, que se los lleven a sus casas», sentenció Coudannes.
Herramienta respaldada por la ley
Desde la Casa Gris defendieron que la «flagrancia virtual» es una alternativa completamente válida y contemplada dentro del Código Procesal Penal de la provincia. Señalaron que los protocolos vigentes avalan actuar sin orden previa si el delito se puede reconstruir de manera inmediata y continua mediante monitoreo técnico.
Finalmente, la administración provincial ratificó que continuará aplicando estas medidas integradas dentro de su plan de seguridad pública, argumentando que el fallo judicial va en contra de las acciones destinadas a recuperar la paz y garantizar la convivencia en los barrios más golpeados por la violencia en Rosario.
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