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El Observatorio «Adriana Marisel Zambrano» reveló que octubre cerró con 43 crímenes, registrando un caso cada 17 horas. El informe de La Casa del Encuentro advierte por la falta de presupuesto, la eliminación de políticas públicas y las fallas en el acceso a la justicia.
Un alarmante balance de la violencia de género en el país arrojó que, entre el 1° de enero y el 31 de octubre de 2026, se produjeron 240 víctimas fatales, según el último reporte presentado por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la asociación civil La Casa del Encuentro. El documento detalla que la cifra total está compuesta por 207 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 9 transfemicidios y 24 femicidios vinculados de varones adultos y niños.
El mes de octubre se consolidó como el período más crítico desde que la organización realiza estas mediciones en 2008, con 43 femicidios registrados, lo que equivale a la muerte de una mujer o disidencia cada 17 horas. Desde la entidad manifestaron su dolor ante este pico estadístico y lo adjudicaron a una combinación de «negación de la violencia de género, eliminación de políticas públicas, falta de presupuesto y ausencia de un organismo rector especializado».
El hogar como el espacio más inseguro
El relevamiento estadístico vuelve a derribar el mito del peligro en la vía pública al demostrar que el entorno doméstico es el principal escenario de las agresiones mortales: el 66% de las víctimas fueron asesinadas en su propio hogar o en la vivienda que compartían con el agresor. Asimismo, se determinó que en el 55% de los casos el asesino era la pareja o la expareja de la víctima.
En términos geográficos, si bien el fenómeno se extiende a lo largo de todo el territorio nacional, la provincia de Buenos Aires encabeza la mayor cantidad de casos en valores absolutos, seguida en la lista por las provincias de Santa Fe y Córdoba.
Víctimas colaterales e impunidad judicial
El impacto social de los crímenes deja una profunda huella familiar, reflejada en que 282 hijos e hijas se quedaron sin madre a raíz de estos hechos de violencia; de ese total, el 54% son menores de edad.
El informe pone especial foco en las fallas del sistema de protección del Estado. En lo que va del año se registraron 465 tentativas de femicidio en seguimiento. Además, el 12% de las mujeres asesinadas (26 víctimas) ya había asentado una denuncia previa contra su agresor, y 15 femicidas tenían dictada una medida cautelar de prevención al momento del crimen.
Para el Observatorio, estas cifras demuestran que las respuestas judiciales resultaron insuficientes y permitieron que los violentos actuaran con impunidad, evidenciando una grave falta de perspectiva integral de derechos y trabas en el acceso a la justicia.
Factores de vulnerabilidad y perfil de los agresores
El dossier desglosa diversas variables específicas que rodearon a los crímenes y al perfil de los involucrados:
- Fuerzas de seguridad: 9 de los femicidas pertenecían o habían formado parte de una fuerza policial o de seguridad.
- Abuso sexual: 21 víctimas presentaron indicios de haber sufrido agresiones sexuales antes de ser asesinadas.
- Criminalidad compleja: 17 femicidios se concretaron en un contexto ligado a la narcocriminalidad.
- Poblaciones vulnerables: Entre las fallecidas se identificaron 10 mujeres migrantes, 6 embarazadas, 6 en presunción de situación de prostitución o trata, y 1 perteneciente a pueblos originarios.
- Suicidios: Tras cometer el crimen, 36 femicidas se quitaron la vida.
El reclamo por las leyes vigentes
Bajo la premisa de que «la violencia de género es un tema de Derechos Humanos y no de inseguridad», La Casa del Encuentro exigió el cumplimiento efectivo y el financiamiento de un paquete de leyes fundamentales ya sancionadas en el país:
- Ley 26.485: De Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
- Ley 27.499 (Ley Micaela): Capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.
- Ley 27.452 (Ley Brisa): Régimen de reparación económica para niñas, niños y adolescentes huérfanos por femicidio.
- Ley 27.210: Creación del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género.
- Ley 26.364: Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.
Las activistas concluyeron el informe interpelando al Poder Judicial para que optimice la protección de quienes denuncian, a los medios de comunicación para que contextualicen los episodios y a la sociedad en general para que deje de considerar este flagelo como un asunto del ámbito privado.
