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La concejala Violeta Quiroz, junto a Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel, presentó un proyecto para eliminar los aumentos automáticos por decreto. Buscan frenar la suba del boleto a $2.100 y recuperar el control legislativo.
El bloque opositor en el Concejo Municipal de Santa Fe busca dar marcha atrás con el mecanismo de actualización automática de la tarifa del transporte público. La concejala Violeta Quiroz presentó, en conjunto con sus pares Jorge Andrés Fernández y Jorgelina Mudallel, un proyecto de ordenanza para modificar la normativa vigente (Nº 11.580). El objetivo central es que cualquier incremento en el boleto de colectivo deba ser tratado y aprobado previamente por el cuerpo legislativo local.
La iniciativa apunta a retirarle al Departamento Ejecutivo Municipal la potestad exclusiva de actualizar los costos del pasaje mediante decisiones administrativas directas. Según explicaron los autores, se busca devolverle al Concejo una herramienta de control político e institucional sobre uno de los servicios públicos más sensibles para la ciudadanía.
Un incremento del 860% frente a un servicio deficiente
Al fundamentar la propuesta, Quiroz enfatizó que el valor del transporte público excede la discusión matemática y representa una definición política con impacto directo en trabajadores, estudiantes y jubilados. «El boleto pasó de 220 pesos a más de 2.100 pesos durante la gestión de Juan Pablo Poletti. Estamos hablando de un aumento cercano al 860%, mientras los usuarios siguen viajando con frecuencias irregulares, largas esperas y un servicio que claramente no mejora», detalló la edila.
Desde el bloque Mesas de Trabajo señalaron que la lógica actual del municipio prioriza la recaudación por sobre la contraprestación de servicios básicos. «Aumenta el boleto, aumentan las tasas, aumentan las multas, aumenta el estacionamiento medido, pero la ciudad no mejora en la misma proporción», cuestionó la concejala.
Mantener el cálculo técnico pero con control legislativo
La modificación planteada por los de la oposición no elimina la fórmula polinómica que se utiliza actualmente para calcular las variaciones de los costos del sistema. Sin embargo, establece la obligación legal de que cada redeterminación tarifaria sea remitida al Concejo Municipal acompañada por los estudios técnicos, económicos y financieros que la respalden. De este modo, la entrada en vigencia de un nuevo cuadro tarifario quedará estrictamente sujeta a la sanción de una ordenanza.
«Queremos recuperar control democrático sobre decisiones que afectan la vida cotidiana de miles de santafesinos. El transporte público no puede seguir definiéndose entre cuatro paredes mientras la gente hace un esfuerzo enorme para poder llegar a trabajar o estudiar», concluyó Quiroz.
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