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El Gobierno provincial efectivizó el pago del premio a docentes, directivos y asistentes escolares públicos y privados. La inversión total estatal superó los 8.900 millones de pesos con el objetivo de continuar disminuyendo los índices de ausentismo en las aulas.
El Gobierno Provincial abonó este martes el monto correspondiente al premio mensual del Programa Asistencia Perfecta a un total de 63.971 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada. El beneficio alcanza a aquellos agentes que durante el mes de agosto no registraron ausencias, o que solo tuvieron una inasistencia en dicho período.
Dentro del universo de beneficiarios, el presentismo estricto marcó la pauta del mes: 55.923 agentes no registraron ninguna falta, mientras que los 8.048 restantes solo tuvieron una inasistencia. Para cumplir con este incentivo, la administración provincial realizó una inversión total que asciende a los $8.933.583.887.
Los montos del incentivo según el cargo
El impacto económico en el bolsillo de los trabajadores de la educación varía según la jerarquía, la carga horaria y el nivel de asistencia. Para quienes registraron asistencia perfecta en agosto, el esquema de pagos se distribuyó de la siguiente manera:
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Cargos directivos y de supervisión: $241.679
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Cargos docentes de hasta 352 puntos: $120.839
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Docentes con jornada completa: $181.260
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Hora cátedra de nivel superior: $10.072
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Hora cátedra de otros niveles: $8.058
En tanto, los agentes que registraron una sola inasistencia percibieron el 50% del estímulo: $120.840 para directivos; $60.419 para docentes de hasta 352 puntos; $90.630 para jornada completa; $5.036 por hora cátedra de nivel superior y $4.029 por hora en otros niveles.
El objetivo detrás del programa
Desde el Poder Ejecutivo recordaron que la iniciativa consiste en un incentivo mensual y otro trimestral diseñado específicamente para premiar al personal que concurre cotidianamente al aula. La medida surgió como una política de ahorro y ordenamiento administrativo, posicionándose como una herramienta clave para revertir las elevadas tasas de ausentismo que afectaban al sistema educativo general antes de su implementación.
Respecto a los fundamentos normativos que rigen este beneficio, fuentes oficiales destacaron las metas de equidad que persigue la provincia: «El Estado debe garantizar la igualdad del acceso a esta educación de calidad, impulsando cuantas acciones sean necesarias para evitar situaciones de discriminación o marginalidad».
Asimismo, desde la gobernación ratificaron la vigencia de la política pública al señalar que el norte del programa es derribar cualquier factor «que pudiera restringir el pleno ejercicio del derecho a aprender y a gozar de una educación» continua en todo el territorio provincial.
