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Alejandro Vilches dejó la Secretaría Nacional de Discapacidad alegando «motivos personales», justo cuando el Presupuesto 2027 plantea fuertes recortes en pensiones y aranceles prestacionales. En su lugar, el Ministerio de Economía aceleró el desembarco de Pablo Di Liscia, un contador con la misión de revisar cada partida del área.
Un recambio en el peor momento
La gestión de discapacidad en la Argentina sumó un nuevo capítulo de inestabilidad. Menos de 24 horas después de que Alejandro Vilches presentara su renuncia al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, el Gobierno nacional oficializó a Pablo Di Liscia como su reemplazo. El cambio se da en el momento más crítico para el sector, atravesado por protestas de prestadores y un recorte que ya figura en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso.
Vilches habló de «razones estrictamente personales» en su carta de renuncia, pero en los pasillos oficiales se lo vincula al malestar legislativo y al impacto social del plan económico de Javier Milei. Su salida se conoció horas después de que la Cámara de Diputados votara por unanimidad tratar la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, lo que dejó a la vista la distancia entre las urgencias del colectivo de personas con discapacidad y la rigidez fiscal del Poder Ejecutivo.
Una salida que pocos creen espontánea
La renuncia no puede leerse por fuera del ahogo financiero del sector. El Presupuesto 2027 incluye cambios que flexibilizan el esquema de prestaciones, modifican el nomenclador de aranceles y ponen en duda la actualización de los valores de cobertura. Para familias y organizaciones de prestadores, se trata de una desregulación que golpea de lleno al sistema de atención.
«Los motivos serán personales; las consecuencias, no», cuestionó la diputada opositora Victoria Tolosa Paz al conocerse la salida del funcionario. Vilches se va apenas semanas después de haber expuesto ante el Congreso para defender un reordenamiento administrativo que, lejos de calmar las aguas, terminó de encender las alarmas de un sector que se define en estado de supervivencia.
Un contador para ajustar las cuentas
La respuesta de la Casa Rosada no dejó dudas sobre el rumbo elegido. Di Liscia no viene de la salud ni del desarrollo social: es contador público y llega promovido directamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, con la tarea de revisar cada partida del área.
Tiene experiencia en el manejo de presupuestos grandes y se lo recuerda por su paso al frente del IOMA, la obra social bonaerense, entre 2017 y 2019, durante la gobernación de María Eugenia Vidal. Su llegada profundiza la pérdida de autonomía que ya venía sufriendo el área tras la disolución de la ex ANDIS, con un objetivo claro desde el Palacio de Hacienda: endurecer las auditorías sobre las pensiones por invalidez laboral y recortar gastos bajo la bandera de la «eficiencia presupuestaria».
El costo humano de la motosierra
Mientras el Ministerio de Salud presenta el cambio como una búsqueda de «optimizar las prestaciones», la realidad en las calles y los centros de día es otra. Las deudas con prestadores de transporte, terapias y educación especial siguen creciendo, al punto de que la Justicia Federal ordenó investigar a la cúpula del Ministerio de Salud y del PAMI por el incumplimiento en la regularización de los pagos.
La llegada de un perfil puramente técnico como el de Di Liscia confirma que, para la actual gestión, la discapacidad dejó de pensarse como una cuestión de derechos humanos o de salud pública para pasar a ser una planilla que hay que cerrar como sea.
